A raíz de un largo proceso de solicitud por parte de las comunidades étnicas para que su voz fuera escuchada y sus derechos asegurados en el marco de la construcción de paz en Colombia, las organizaciones indígenas y afrocolombianas – representadas por la Comisión Étnica para la paz y la Defensa de los Derechos territoriales – pudieron participar en la mesa de negociación de paz en La Habana para negociar el ultimo punto del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera.
Así se acordó la integración del enfoque étnico y la concreción jurídica de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), creada para asegurar la implementación del capitulo étnico, así como se elaboró la ruta de seguimiento al Plan Marco de Implementación que incluye 37 metas y 98 indicadores sobre el tema étnico.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado mucho en la implementación del capitulo étnico y, al contrario, se destaca regresividad en los derechos de las comunidades étnicas y afrocolombianas, sobretodo en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), en donde el 51% de estos territorios son resguardos indígenas y el 81% cuenta con comunidades afrocolombianas, según la Comunidad Akubadaura – organización que realiza el seguimiento del cumplimiento del Capitulo Étnico de los Acuerdos de Paz.
Desde la firma del Acuerdo en 2016, cerca de 200 indígenas han sido asesinados. Hasta la fecha del 5 de junio de 2020, se registraron 706 casos de contagios por COVID19, de los cuales 25 han fallecido por falta de atención oportuna y de entrega de elementos de bioseguridad, según cuanto reportan organizaciones indígenas. Datos del Gobierno colombiano muestran que “la pobreza multidimensional de los pueblos indígenas es 2,5 veces más alta que el total nacional, y la de los pueblos y comunidades afrodescendientes un 1,5. Para ambos pueblos las desventajas se dan en materia de educación, salud y acceso a servicios de primera infancia, vivienda, acueducto y alcantarillado”, según el Informe sobre Justicia Redistributiva y Pueblos Étnicos de la Comunidad de Juristas Akubadaura.
En el mismo documento se señala que entre 2010 y 2019 “el Gobierno Nacional ha suscrito 1.582 acuerdos con los pueblos indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, muchos de los cuales hacen parte de políticas públicas que tienen un porcentaje de implementación, en promedio, correspondiente al 3,9%, evidenciando un incumplimiento sistemático de aquellos acuerdos que en algunas oportunidades son promovidos por el mismo Ejecutivo”.
La Comunidad Akubadaura ha identificado dificultades y propuestas para la implementación del Capitulo Étnico del Acuerdo de Paz en 3 áreas principales: participación horizontal y efectiva en la implementación de los acuerdos, frente a la falta de consultación con la población indígena para la formulación de proyectos de ley y políticas publicas; un presupuesto con un enfoque étnico para la paz, frente a la reducción presupuestal del 17% de los recursos para dotación de tierras que los pueblos indígenas sufrieron entre 2015 y 2018 y a los recursos limitados (0,05%) del Presupuesto General de la Nación con enfoque diferencial; y la promoción de una política de no estigmatización y seguridad para los lideres indígenas y afrodescendientes y sus comunidades, frente a los asesinados de lideres que agencian procesos de defensa y protección territorial y de los promotores de la sustitución de cultivos ilícitos.
Para más información consulte el informe de la Comunidad Akubadaura: http://akubadaura.org/colombia-nacion-multietnica-y-pluricultural-que-ignora-el-enfoque-etnico/.
